EL BUEN GOBIERNO
EN LA EMPRESA FAMILIAR
Son muchos los países en los
que se han publicado códigos de buen gobierno corporativo, en los que se establecen
diversas recomendaciones y pautas que deben seguir las compañías para
garantizar la eficiencia y transparencia en su actuación.
A través de los códigos de
buen gobierno se trata de diseñar un modelo de gestión de las compañías que
permita un uso más eficaz de sus recursos, estableciendo una serie de
directrices internas por las que debe regirse el desarrollo de la actividad
empresarial. Uno de los aspectos que trata de resolver el gobierno corporativo
es el de establecer un control sobre
el capital humano de la entidad, en el que se trata de regular los conflictos
de interés que puede surgir de la interrelación entre la dirección de la
compañía, su Consejo de administración, los accionistas y otros grupos de
interés social.
Pero la inmensa
mayoría de las empresas españolas, sean éstas familiares o no, no están sujetas
a las normas de buen gobierno al no ser sociedades cotizadas, por lo que parece
lógico que sean las propias empresas familiares, a este respecto, las que
traten de diseñar el mejor marco de gobierno corporativo para desarrollar su
actividad. Entre las iniciativas existentes, se recogen las propuestas
efectuadas por el Instituto de la Empresa Familiar en la “Guía de buen gobierno
en la empresa familiar”
Apoyo
desde los órganos de gobierno de la familia y la corporación a la participación
de los socios
familiares
minoritarios y de aquellos accionistas no familiares.
Creación
de consejos de administración activos a medida que la empresa crezca, olvidando
estructuras
basadas en órganos de gobierno informales.
Incorporar
a los consejos de administración la figura del consejero independiente, como
elemento
canalizador
de la opinión de aquellos accionistas que no participan en la gestión del
negocio,
aportando
objetividad a decisiones claves de la empresa, con independencia de la familia
y la
dirección de
la sociedad.
Organizar
el gobierno de la familia empresaria a través de órganos formales como la
Asamblea
familiar y/o
el Consejo de familia, y regular su actuación a través del protocolo familiar.
Separar de
forma clara las funciones que ejercen los órganos corporativos y los órganos
familiares.
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